Cuando empezó hundirse el expediente fabricado en la PGR contra el
general Tomás Ángeles Dauahare, los primeros en intentar salvarse del
naufragio fueron el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna,
y la procuradora general Marisela Morales: Citaron a la esposa del
militar para negar su participación en la oscura maniobra. Pero los
documentos del proceso judicial y diversos testimonios señalan hacia
ambos exfuncionarios.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En algún día de
junio o julio de 2012 la señora Leticia Zepeda fue citada a las
oficinas del secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García
Luna.
Semanas antes su esposo, el general de división Tomás
Ángeles Dauahare, había sido detenido por la Policía Judicial Militar en
la entrada de la unidad militar ISSSFAM en la delegación Tlalpan, donde
tiene un departamento. El general Ángeles, quien fue subsecretario de
la Defensa, era acusado de delincuencia organizada junto con otros cinco
militares: Roberto Dawe, Ricardo Escorcia, Rubén Pérez, Silvio Isidro
de Jesús Hernández e Iván Reyna. Supuestamente colaboraban con la
organización de los Beltrán Leyva y con el Cártel de Sinaloa.
La
reunión se llevó a cabo en las oficinas de García Luna, en la avenida
Constituyentes. En la sala destacaba un enorme escritorio. De acuerdo
con la información recabada y verificada por este semanario, en la
reunión estuvieron presentes la señora Zepeda, su abogado Ricardo
Sánchez Reyes Retana, el titular de la SSP y el abogado de éste, Alonso
Aguilar Zinser.
García Luna, quien tiene fama de hablar poco y con
dificultad, se extendió en sus explicaciones: “Yo no tuve nada que ver
en la detención del general”, dijo sin que nadie le hubiera reprochado
nada. En cambio el funcionario acusó de la maquinación directamente al
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo
Galván Galván, al subsecretario Demetrio Gaytán Ochoa –quien aspiraba a
ser secretario este sexenio– y a la procuradora General de la República,
Marisela Morales.
El funcionario añadió que a él le habían pedido
realizar la investigación contra Ángeles Dauahare pero que no quiso
hacerlo; por lo tanto, dijo, ni la SSP ni la Policía Federal (PF)
colaboraron en la indagatoria. Así concluyó el encuentro.
Semanas
después, cuando la defensa del general de división tuvo acceso a la
acusación descubrió que la PF participó de manera crucial en la
integración del expediente, basándose en una llamada anónima y
declaraciones falsas de los testigos colaboradores conocidos como Jennifer y Mateo.
El
próximo 15 de mayo se cumple un año de que Ángeles Dauahare fue
detenido. Y aunque hace ya dos semanas que un juez decretó su inocencia y
ordenó su liberación inmediata tras 11 meses en prisión, el complot
para encarcelarlo apenas comienza a reventar. En él están implicados
exfuncionarios calderonistas de alto nivel, algunos aún en puestos clave
del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con testimonios y
documentos como las actuaciones de la SSP, la Procuraduría de Justicia
Militar y de la SIEDO, que están en el expediente que la PGR fabricó
para inculpar al general, así como un escrito que fue entregado por
familiares de Ángeles Dauahare al nuevo procurador, Jesús Murillo Karam,
al inicio de su gestión, los presuntos responsables de orquestar y
ejecutar el plan para encarcelar injustamente al militar son: Guillermo
Galván Galván; el exsubsecretario Demetrio Gaytán Ochoa, actual director
de Banjército; la exprocuradora Marisela Morales y el propio Genaro
García Luna, con la anuencia del entonces presidente Felipe Calderón.
Para
orquestar el complot y fabricar los testimonios en su contra utilizaron
a funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO). Algunos permanecen en sus puestos en la
dependencia ahora llamada SEIDO y durante las últimas semanas de
prisión de Ángeles Dauahare incluso intervinieron para retrasar su
liberación.
En agosto de 2012, días antes de que el juez tercero
de distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de
México dictara el auto de formal prisión contra Ángeles Dauahare y sus
cinco coacusados, la entonces procuradora Marisela Morales también buscó
una cita con Leticia Zepeda.
El encuentro fue en las oficinas de
la PGR. Esa vez la señora acudió acompañada por su yerno y con su
abogado, Sánchez Reyes Retana. Con Morales estaba Cuitláhuac Salinas,
cabeza de la SIEDO, quien no se despegaba de su teléfono celular como si
estuviera escribiendo mensajes.
Morales dijo que no tenía nada
que ver con el caso y que estaba dispuesta a ayudar en todo lo posible
al militar en desgracia. “¿Verdad que nosotros nos enteramos por los
medios de comunicación de la detención del general?”, le preguntó
Morales a Salinas, quien asintió con la cabeza y no pronunció palabra.
Días
después el juez dictó el auto de formal prisión contra Ángeles Dauahare
y coacusados por cargos de delincuencia organizada. En el documento del
auto de término constitucional el juez dio por válidas las
declaraciones de los testigos colaboradores Jennifer y Mateo
al considerarlas de “relevancia probatoria”, igual que los 195
supuestos “elementos de prueba” aportados por las dependencias que
participaron en la integración del expediente.
Después del 30 de
noviembre, cuando Marisela Morales ya había salido de la PGR, buscó
insistentemente a la señora Zepeda para pedirle otra reunión, pero ésta
no se realizó. Fuentes consultadas por este semanario señalan que
Morales se quejaba de que ella iba a terminar pagando “los platos rotos”
y que por eso le había puesto un ultimátum a Cuitláhuac Salinas, que
según ella la había “metido en el problema”.
El pasado 30 de
abril, en entrevistas con Televisa y MVS Noticias, Salinas señaló que
con la anuencia de Morales, un grupo de mandos militares usó a la PGR
para fabricar el expediente contra Ángeles y coacusados. Afirmó que a él
lo marginaron de todas las investigaciones pese a que su área y el
personal bajo sus órdenes se encargaron de la averiguación previa.
De
hecho, dijo, él renunció a la Subprocuraduría antes de terminar el
sexenio de Calderón porque detectó un plan para incriminarlo también a
él, además de que fue amenazado por investigar a funcionarios implicados
con el narcotráfico, entre ellos algunos de la SSP.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1905, ya en circulación)
Fuente: Proceso, por: Anabel Hernandez.
Fecha de publicación: 4 de Mayo de 2013
Dirección de la nota: http://www.proceso.com.mx/?p=341058
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