El expresidente Felipe Calderón.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Hasta el último día de su mandato, Felipe
Calderón “continuó haciendo caso omiso de los indicios fehacientes de
violaciones a derechos humanos generalizadas, como detenciones
arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad”, acusa
Amnistía Internacional (AI) en su reporte anual.
El documento,
dado a conocer este miércoles por AI, hace un recuento de la situación
de los derechos humanos en 169 países durante 2012.
En su análisis
sobre México, Amnistía resalta que la administración de Calderón cerró
con más de 60 mil muertos y 150 mil desplazados “a causa de la violencia
asociada a las drogas”; en tanto que las deficiencias del sistema penal
dejaron impunes 98% de los delitos.
Con base en datos de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el informe de AI relativo a
México aborda las principales violaciones a derechos humanos
registradas en el país, así como casos específicos documentados por la
organización con sede en Londres, Inglaterra.
La organización
internacional refiere que mientras Calderón mantuvo hasta el final su
estrategia de negarse “sistemáticamente a reconocer la envergadura y
gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones
oficiales”, la CNDH registró el año pasado mil 921 denuncias contra las
Fuerzas Armadas y 802 contra la Policía Federal (PF).
En tanto,
se desconoce el número de policías procesados por violaciones a derechos
y sólo trascendió que ocho militares fueron condenados por el sistema
de justicia militar.
En materia de detenciones arbitrarias,
tortura y otros malos tratos, AI destaca que, pese a que el año paso la
CNDH recibió mil 662 denuncias por tortura y malos tratos, no se procesó
a agentes del Estado por ese delito.
En el apartado sobre “Uso
excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales”, se apunta que de
acuerdo con datos del organismo presidido por Raúl Plascencia
Villanueva, 25 civiles inocentes fueron víctimas del fuego cruzado en
enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y Fuerzas Armadas.
Amnistía
también da cuenta de la filtración que en diciembre de 2012 se hizo a
la prensa sobre el registro del gobierno de Calderón de al menos “25 mil
secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero desconocido
en todo el país”, mientras que la CNDH contaba con un registro de 2 mil
126 casos de presunta desaparición forzada.
En tanto el gobierno
de Calderón concluyó “sin cumplir su compromiso de crear una base de
datos nacional sobre personas desaparecidas”, AI recordó que la CNDH
cerró 2012 con un registro de 15 mil 921 reportes de cadáveres sin
identificar, así como el reporte de mil 400 restos humanos exhumados de
fosas clandestinas.
Para AI resultan alarmantes las imparables
agresiones a los migrantes centroamericanos que traviesan el país con el
objetivo de llegar a Estados Unidos, así como a sus defensores y
encargados de albergues; la organización manifiesta su preocupación de
que “al concluir el año aún no se había creado una base de datos de
migrantes desaparecidos y no había avances en la identificación de
restos que se creía eran de migrantes”.
En cuanto a la situación
de defensores y periodistas, el reporte destaca que el año pasado fueron
asesinados seis comunicadores, en tanto que “la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas no realizó avances
en la mayoría de los casos”, así como seguían pendientes de investigar
los asuntos relativos a agresiones y amenazas contra defensores de
derechos humanos.
Sobre los derechos de los pueblos indígenas, AI
señala que éstos continúan sufriendo “un alto grado de exclusión y
discriminación”, además de que se continúa realizando megaproyectos en
sus territorios sin consultarlos previamente.
La organización
reconoce que en 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
ordenó poner en libertad a los indígenas Hugo Sánchez Ramírez, del
Estado de México, así como a José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín
Cruz, de Puebla, que habían sido declarados presos de conciencia por AI.
No obstante, advirtió, continúa preso el indígena chiapaneco Alberto Patishtán Gómez.
En
cuanto a la situación de las mujeres y niñas, Amnistía lamenta que la
violencia y la discriminación no hayan disminuido y, por el contrario,
“a lo largo del año tampoco se introdujeron nuevos protocolos de
investigación policial, y los perpetradores solían eludir la justicia”, a
la par que las órdenes de protección continúan siendo ineficaces
mientras que las víctimas siguen siendo amenazadas.
Para ilustrar
la gravedad de la situación de los derechos en el país, AI destacó que,
en el primer trienio del año pasado, el Valle de Juárez, en Chihuahua,
fue el escenario del descubrimiento de 13 cadáveres de niñas y mujeres,
de los que siete restos pertenecían a jovencitas de entre 15 y 17 años,
quienes fueron reportadas como secuestradas en el centro de Ciudad
Juárez.
Una de las preocupaciones permanentes de Amnistía ha sido
la falta de una reforma legislativa para castigar en el fuero civil las
violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas
Armadas, indefinición legal que hasta ahora prevalece.
En el
informe también se alerta que durante todo el sexenio calderonista
“persistió la impunidad por las graves violaciones a derechos humanos
cometidas durante las décadas de 1960, 1970 y 1980”.
La
organización sostuvo que a pesar de las graves violaciones a derecho
humanos, en agosto de 2012 el Departamento de Estado recomendó al
Congreso estadunidense a liberar 15% de los fondos de la Iniciativa
Mérida que estaban condicionados a que el gobierno de Calderón
garantizara llevar a cabo una política de seguridad con pleno respeto a
los derechos humanos.
Los casos documentados por AI se refieren a
la detención arbitraria y tortura de los hermanos Juan Antonio, Jesús
Iván y Luis Adrián Figueroa Gómez en Juárez, Chihuahua; la muerte de
Carmen Puerta Carrillo, acribillada por militares cuando transitaba por
una base militar en esa misma entidad, así como la desaparición forzada
de Moisés Orozco Medina, atribuida a policías municipales de Uruapan,
Michoacán.
El informe también incluye reportes de los asesinatos
de periodistas en Veracruz, entre ellos el de Regina Martínez,
corresponsal de Proceso, y los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo
Luna y Esteban Rodríguez, así como la detención arbitraria de la
defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez, por participar en protestas
contra la construcción de un parque eólico en el estado de Oaxaca.
Fuente. Proceso, publicado por: Gloria Leticia Díaz.
Fecha de publicación: 22 de Mayo de 2013.
Dirección de la nota: http://www.proceso.com.mx/?p=342781
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